Como ponen de manifiesto las encuestas, los motivos que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo son muy variados y todos deben ser igualmente respetados. La actual legislación de combinación de plazos y supuestos divide y juzga a las mujeres y, lo que es más grave, mantiene la IVE dentro del código penal, lo que deja a las mujeres en una situación de criminalización e indefensión.
Queremos mostrar nuestra repulsa ante estas afirmaciones que consideramos coacción y una importante limitación en el uso de libertades individuales.
Rechazamos también, la anunciada supresión del derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad, lo que incrementará los abortos clandestinos y tardíos. Exigimos que se reconozca su pleno derecho a controlar la información relativa a su embarazo, limitado por la ley vigente.
Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manera clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias. Este último supuesto afectaría a las mujeres con menos recursos socioeconómicos cuyo número se ha incrementado brutalmente como consecuencia de la crisis.
Un dato destacable es que cada año 70.000 mujeres mueren por abortar clandestinamente en condiciones inseguras.
Según datos de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) tan solo el 3% de las interrupciones voluntarias que se produjeron en el 2010 fueron por causas de malformación fetal.
Se estima que en el mismo año se produjeron 600.000 embarazos de los cuales un 2% tuvieron alguna malformación, de los cuales tan sólo uno de cada cuatro terminó con un IVE
Luis Enrique Sánchez presidente de la FPFE afirmaba:
“Limitar el acceso al aborto voluntario supone un aumento de la inequidad entre las que siempre van a poder costearse una interrupción y las que no tienen los suficientes medios; además no implica una reducción del número de abortos; algo que sí lograría si se acabaran de implementar elementos de la actual legislación como la educación sexual”
Entendemos que ciertos sectores, afines a la iglesia católica, pretenden imponer sus criterios morales y religiosos como políticas públicas. Defendemos el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo y, por tanto, no reconocemos ninguna autoridad médica, judicial, estatal o eclesiástica que tome decisiones de esta índole.
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